La República de Haití y la República Dominicana comparten la isla de Santo Domingo en el centro de El Caribe. La primera nació como Estado en 1804 luego de una guerra terrible contra Francia, la segunda logró su independencia en 1844 contra el dominio haitiano. En el caso dominicano la pérdida de su soberanía en 1861, por la anexión española, la llevó a enfrentar militarmente a la potencia ibérica, con ayuda de Haití, y lograr la restauración de su independencia en 1865.

 Entre 1844 y 1856 gobernantes haitianos intentaron recuperar la parte este de la isla sin éxito. Luego de ese periodo no hubo otra expedición militar haitiana hacia la República Dominicana. Los dominicanos padecieron la ocupación española de 1861 al 1865 y las invasiones de Estados Unidos entre 1916 al 1924 y entre el 1965 al 1966.

La matanza ordenada por Trujillo en 1937 contra la población negra en la frontera norte, haitianos y dominicanos, es el hecho más terrible que ha marcado la historia reciente entre ambos lados de la frontera. Cuatro años después Trujillo desató una intensa campaña de antihaitianismo fruto de que el presidente de Haití, Elie Lescot, se negó a enviarle trabajadores haitianos a los campos de caña del dictador. Esa propaganda antihaitiana se mantuvo entre los sectores más radicales de su régimen y cuando es ajusticiado el tirano en 1961 los sectores militares y la extrema derecha dominicana mantuvieron en su discurso el rechazo a los haitianos.

Tres días antes del golpe de Estado contra Juan Bosch, en septiembre de 1963, ocurrió un incidente en que lucía que el ejército haitiano atacaba una población dominicana en la frontera. Pocas horas después se develó que un opositor a Duvalier, a la sazón dictador de Haití, llamado León Cantave, con la ayuda del ejercito dominicano y el respaldo de los Estados Unidos, pero ocultándolo al presidente Bosch, había atacado desde territorio dominicano a una población haitiana y la respuesta del ejército haitiano alcanzaba al pueblo dominicano de Dajabón. Una vez Bosch descubre el hecho pide respuestas a sus militares y ordena llevar el caso a la OEA, pero el golpe de Estado impidió que eso ocurriera.

Al iniciar la década de los 60 del siglo pasado el PBI de Haití y República eran semejantes, pero desde entonces el progreso económico de la sociedad dominicana se incrementó a tales niveles que un economista dominicano demostró hace pocos años que para la sociedad dominicana era más fácil alcanzar el nivel de la sociedad estadounidense que a la haitiana lograr llegar al desarrollo dominicano.

Durante todo el siglo XX la solicitud del Estado Dominicano y empresarios para importar mano de obra haitiana para el negocio de la caña se mantuvo, salvo el periodo de Lescot, y cuando el azúcar eclosionó en los años 80 del siglo pasado, los migrantes haitianos pasaron a la construcción, la actividad agrícola en fincas dominicanas, el comercio y hasta la industria hotelera. Actualmente la mano de obra haitiana representa más del 50% en algunas de las actividades económicas mencionadas.

Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, representando más del 90% de beneficio para el lado dominicano del intercambio entre ambas naciones. La frontera, articulada en los mercados binacionales, representa millones de dólares anuales para beneficio de la población de ambos lados de esa zona.

 La regularización y naturalización de los migrantes está bloqueada en parte por la decisión del Tribunal Constitucional dominicano que en el 2013 decidió dejar de reconocer la posibilidad de la nacionalidad a todos los emigrantes desde el 1929. El actual gobierno, heredero del liderazgo político de José Francisco Peña Gómez, haitiano de origen, ha sido cooptado por sectores de extrema derecha e impulsado procesos de persecución contra los migrantes con claras violaciones a los derechos humanos, como la búsqueda de mujeres haitianas embarazadas en los hospitales y su expulsión hacia Haití, algunas en proceso de parto.

El actual conflicto por la construcción de un canal del lado haitiano para obtener agua del Rio Masacre ha conducido al cierre de la frontera y un accionar permanente en los medios diplomáticos por parte del presidente dominicano pidiendo que se intervenga Haití debido al caos generado por las bandas que controlan Puerto Príncipe. Esto recrudece los sentimientos antihaitianos en la sociedad dominicana. Es un hecho que el gobierno dominicano no tiene del otro lado un interlocutor válido después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en el 2021.

Voces diversas solicitan apaciguar los discursos de odio y la búsqueda de una solución a los migrantes haitianos en dominicana y abrir la frontera al comercio que está afectando a la población dominicana y haitiana. No existe solución para ambos pueblos, el dominicano y el haitiano, si no es por la vía del diálogo y la colaboración. El odio predicado por minorías de extrema derecha contra los haitianos debe ser enfrentado con la razón y respeto por la dignidad humana de todos. Apoyémonos en la grave pregunta de Antón de Montesinos en 1511 al defender a la población aborigen, aplicable hoy a la población haitiana: “¿Acaso no son seres humanos”.

David ÁLVAREZ MARTÍN
Filósofo
República Dominicana, Santo Domingo
Octubre de 2023

NOTA: El título de este artículo es el de la novela de Freddy Prestol Castillo, donde da testimonio del crimen de la matanza del 1937.

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Uno de los grandes logros de la modernidad fue colocar el foco de atención en la igualdad de todos los seres humanos en términos políticos, económicos y sociales. Comenzó temprano, en la isla de Haití (llamada por los castellanos La Española y posteriormente Santo Domingo) en 1511, cuando una comunidad de frailes dominicos provenientes del Convento de San Esteban en Salamanca a través de la voz de Antón de Montesinos reclamó la dignidad de los aborígenes encontrados en las Antillas: “… ¿acaso no tienen ánima humana?”. Tal antropología está en la base del accionar de Bartolomé de las Casas y desemboca en la reflexión de Francisco de Vitoria.

De los sermones a las legislaciones, de las revoluciones del siglo XVIII y XIX a la realidad del siglo XXI, la cuestión tan simple de formular —todos somos iguales— sigue distante de su pleno reconocimiento. El énfasis en la diferenciación de unos y otros para agendas políticas e ideológicas sigue presente. Mujeres y hombres, fetos y ancianos, distinciones por la melanina en la piel, por la lengua materna, distinción entre occidentales y orientales, el norte y el sur, por el año o siglo en que emigró, hasta por las creencias religiosas o políticas, son parte de una entramado absurdo y criminal que busca establecer grados de diferencia en el seno de la humanidad y hasta excluir a muchos de la condición de ser humano.

Somos iguales y a la vez diferentes, si no fuéramos diferentes no hablaríamos de igualdad y si no fuéramos iguales no celebraríamos las diferencias que enriquecen ese elemento integrador de que todos tenemos “ánima humana”. Los énfasis en las diferencias, a la hora de pensar en la plenitud de lo humano, siempre carga con intenciones discriminatorias, conscientemente o no. Convertir la igualdad en un absoluto es la pesadilla que promueven los totalitarismo y fundamentalismos que no soportan la diversidad porque les quita el poder, el control de la “verdad”.

La igualdad siempre ha de defenderse, la diferencia invita a la celebración. Nuestra existencia es la evidencia de que somos iguales y que fruto de la libertad, la lucidez y nuestra capacidad de amar somos diferentes. Lo humano es un surtidor grande y multiforme de expresiones, algunas extintas en el tiempo, otras en plena ebullición e infinitas formas que ocurrirán en el futuro. Es esa rica diversidad lo que nos invita a encontrar esa unidad profunda y misteriosa que nos hace una sola familia, incluso con el resto de los seres vivientes y el universo. Ninguna persona en particular es capaz de expresar el inmenso tesoro de todo lo humano y la humanidad no puede cerrarse al valor de cada vida humana en sus ricos rasgos y dimensiones.

David ÁLVAREZ MARTÍN
Filósofo
Santo Domingo (República Dominicana)
Septiembre de 2022

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Vivimos en la época del cambio continuo. Las nuevas tecnologías posibilitan hacer cosas que dos décadas antes ni siquiera habríamos soñado. El mundo está cada vez más interconectado y cambios en un lugar concreto afectan a las condiciones de vida en el resto del planeta. Estamos tan ocupados en hacer frente a las nuevas situaciones que nos llegan que apenas tenemos tiempo de mirar más allá del futuro cercano.

Es un hecho que las nuevas tecnologías imponen nuevas condiciones de vida. Es un proceso que no se puede parar. Es la evolución de la humanidad. Está claro que parar no se podrá, pero ¿acaso somos meras marionetas a merced de cambios imprevisibles que impone la tecnología? ¿O podemos ciertamente reconducir este proceso? La pregunta en definitiva es si el ser humano tiene la posibilidad, y acaso, la obligación, de ponerse al mando de la nave de la historia y reconducirla de modo que los cambios que están llegando crean el mayor bien posible para la mayoría de personas, que haya el menor número de perjudicados y que se salvaguarden los derechos humanos.

Esa es ni más ni menos la cuestión que mueve el quehacer de la ética. La ética, en su versión utilitarista, propone que al tomar una decisión optemos siempre por aquellas opciones que benefician más y al mayor número de personas. Hay otro sistema ético, la ética de principios que procura hacer una verificación de las opciones tomadas para ver si se respetan los derechos humanos y los principios básicos fundamentales como equidad, justicia, solidaridad, etc.

Proponemos como fundamental la cuestión ética porque toda ley necesita su tiempo para idearse, redactarse, establecerse y hacerse operativa. En las épocas de cambios, cuando nuevas tecnologías se generalizan rápidamente, pasa un lapso de tiempo entre el momento que cambia la situación y el momento que se establecen las regulaciones pertinentes. Es lo que ocurre en este momento con las criptomonedas. Este tiempo abre la puerta a todo tipo de excesos o injusticias, que no se pueden perseguir porque simplemente no están fuera de la ley.

Para poner un ejemplo, imaginemos que unos laboratorios experimentan con virus peligrosos, que en caso de que haya una brecha en los protocolos de seguridad, pueden extenderse a la sociedad y pueden llegar a dañar al estilo de vida humana en el planeta de un modo irreversible. Si en ese momento no había leyes apropiadas ni modos de hacerlas cumplir, no había manera de prevenir esos daños irreversibles. Si además la ética de los científicos que actúan y de los políticos que toman decisiones es débil, no habrá modo humano de evitar casos parecidos.

La revolución de las tecnologías de la información (IT por sus siglas en inglés) que hemos vivido no es el final del proceso de cambio, sino solamente el principio. Las IT están posibilitando una revolución en inteligencia artificial, en biotecnología y más concretamente en la conectividad del cerebro humano. Por medio de neuro implantes, dentro de muy pocos años será posible conectarse desde el cerebro directamente a la web sin necesidad de los llamados ‘smartphones’. El concepto de privacidad y con él el de identidad personal van a cambiar drásticamente.

¿Vamos a dejar que todos estos cambios nos pillen desprevenidos? El primer eslabón para evitarlo es reforzar la conciencia ética de las personas y de las entidades, investigar no solo en nuevas tecnologías sino investigar en la ética de las nuevas tecnologías, desarrollar currículos y sistemas de enseñanza para que los estudiantes entiendan la importancia de la ética en la toma de decisiones profesionales y que los nuevos investigadores y desarrolladores de productos (I+D) incorporen las disciplinas éticas como condición requerida en todas sus actividades.

Recordemos que la ley suele ir por detrás de los hechos, el único sistema que puede ir por delante de las nuevas situaciones, es una buena conciencia y fuerte disciplina ética en los políticos, los investigadores y desarrolladores de productos, en los consumidores y en la sociedad en general. Las universidades y otras instituciones de enseñanza deben jugar un papel crucial en este caso. Desde esta tribuna quisiera hacer un llamado para que en los centros de enseñanza media y superior se desarrollen e implemente cursos de ética profesional y destine una parte del presupuesto de investigación de cada departamento a investigar la ética de las nuevas tecnologías.

Ramón SANTACANA
Profesor de la Providence University
Taiwán
Publicado originalmente por Ámbito María Corral en marzo 2022

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El Derecho vigente en la mayoría de los Estados occidentales tiene su origen en el Derecho romano y siguen, en gran parte, basándose en él.

Y habría que discernir mucho.

Deberíamos recordar que aquel Derecho surge en una sociedad en que los ciudadanos libres poseen una gran cantidad de esclavos, es decir, individuos que, precisamente, no tienen ningún derecho. ¡Qué fácil es así organizar una estructuración institucional de derechos entre unos selectos, una «elite»! Se cita por los historiadores que en algún estado-ciudad para trescientos mil ciudadanos había tres millones de esclavos. Por otra parte, el Derecho casi siempre lo han elaborado los vencedores, los más fuertes, y lo han redactado principalmente para su conveniencia y gloria. Por ejemplo, ¡cuánto defienden a rajatabla el derecho a la propiedad privada!

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